El juez federal Sebastián Casanello ordenó la indagatoria del dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni, en la causa donde se investigan presuntas irregularidades en los comedores sociales, en el marco de la administración de planes Potenciar Trabajo.

Se trata de la causa en la que referentes de la agrupación liderada por Belliboni están imputados por extorsionar a beneficiarios de planes sociales.

Se investiga en el caso “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.

“Considero acreditado -con el grado requerido legalmente en esta etapa- que diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas 'Asociación Polo Obrero' y 'Cooperativa El Resplandor Ltda.', habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa "Potenciar Trabajo", argumentó el juez al llamar a indagatoria.

“Lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, afirmó Casanello al citar las indagatorias.

El magistrado hizo referencia a la ”exigencia a quienes acudían a determinados comedores comunitarios y eran beneficiarios de aquel programa, de concurrir a movilizaciones político-partidarias, con banderas identificatorias, aportar sumas de dinero a la organización y hasta votar por un candidato en particular -referenciado en el propio espacio político- en elecciones generales bajo la amenaza de perder la ayuda estatal”.

La ronda de indagatorias, que comienza el 11 de junio incluye a Jeremías Cantero, entre otros referentes y finaliza el 25 de junio con la de Belliboni.

La causa fue impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien sostuvo que “al amparo de la apariencia de una actividad solidaria como es la administración de un comedor popular, se montaron al menos tres grupos de personas que, valiéndose de las facultades que les otorgara el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo, se dedicaron sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social”.

En tanto, Casanello comprobó “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”-, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.

“Se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado. Así, lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, dijo el juez al citar a indagatorias.